La Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera, promulgada el 20 de noviembre de 1995, reconoce expresamente que la inversión extranjera contribuye al crecimiento económico y desarrollo de la República Dominicana y, por esa razón, elimina todas las barreras que antes existían al flujo de capitales hacia y fuera del país.
Desde entonces, los inversionistas extranjeros tienen acceso ilimitado a todos los sectores de la economía dominicana, con excepción de aquellos relacionados con asuntos de seguridad nacional. El registro de las inversiones extranjeras ante las autoridades gubernamentales no es obligatorio.
Tampoco se exige aprobación estatal para la repatriación de capitales o utilidades al extranjero en moneda extranjera. Este marco legal garantiza un alto grado de libertad y flexibilidad para los inversionistas internacionales que operan en el país.