La Constitución de la República Dominicana otorga los mismos derechos a los inversores extranjeros que a los nacionales y les exige los mismos deberes; es decir, los inversionistas extranjeros se encuentran sujetos a las mismas normas y reglamentos aplicables a los locales.

Los inversionistas internacionales pueden participar en alianzas público-privadas (APP) en la República Dominicana, conforme a la Ley 47-20, que establece un marco legal para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la prestación de servicios públicos mediante la colaboración entre los sectores público y privado.

La ley permite a los inversionistas privados participar en proyectos de largo plazo de interés nacional —como transporte, energía, turismo, salud y educación— bajo términos contractuales claros y con garantías legales.

Las APP pueden adoptar la forma de concesiones, esquemas de construcción-operación-transferencia (BOT, por sus siglas en inglés) u otros arreglos flexibles adaptados a la naturaleza del proyecto. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) es el organismo gubernamental encargado de evaluar, aprobar y supervisar los proyectos APP.

Actúa como coordinador central y promueve la transparencia, la coherencia regulatoria y la protección del inversionista. Se alienta a los inversionistas extranjeros a participar en las iniciativas de APP, las cuales ofrecen estabilidad en los proyectos, previsibilidad normativa y acceso a oportunidades de alto impacto alineadas con los objetivos de desarrollo nacional. Los proyectos se seleccionan con base en su viabilidad técnica, financiera y social, mediante procesos abiertos orientados a atraer socios privados calificados.

El auge del turismo en la República Dominicana se inició con la promulgación, en 1971, de una ley que otorgó grandes incentivos a los inversionistas dispuestos a arriesgar su capital en un país que, en ese entonces, ocupaba el último lugar de la región como destino turístico.

Hoy en día, cuando la República Dominicana es el líder indiscutible del turismo en el Caribe, las empresas turísticas aún gozan de importantes incentivos para seguir invirtiendo en el sector. En efecto, la Ley 158-01, de Incentivo Turístico, modificada por la Ley 195-13, otorga amplias exenciones fiscales, por períodos de hasta quince años, para proyectos nuevos que cumplan con los requisitos establecidos.

Estos incentivos favorecen a las inversiones nuevas en las siguientes actividades turísticas:

(a) instalaciones hoteleras, resorts y complejos hoteleros;

(b) construcción de instalaciones para convenciones, ferias, congresos internacionales, festivales, espectáculos y conciertos;

(c) construcción y operación de parques de diversión, parques ecológicos y parques temáticos;

(d) construcción u operación de infraestructuras portuarias y marítimas al servicio del turismo;

(e) construcción u operación de infraestructuras turísticas, tales como acuarios, restaurantes, campos de golf y instalaciones deportivas;

(f) negocios pequeños o medianos cuyo mercado se sustente fundamentalmente en el turismo (artesanía, plantas ornamentales, peces tropicales, granjas reproductoras de pequeños reptiles endémicos, etc.);

(g) construcción de infraestructura básica para la industria turística, tales como acueductos, plantas de tratamiento, saneamiento ambiental, recogida de basura y desechos sólidos; y

(h) alojamientos turísticos u otras facilidades que los complementan, tales como villas, solares, apartamentos, amarres para embarcaciones, etc.

En cuanto a los hoteles y resorts ya existentes, aquellos con más de cinco años de construidos se benefician de una exención total del pago del impuesto de transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) sobre los equipos, materiales, maquinarias y bienes muebles necesarios para la modernización y renovación de sus instalaciones.

Por su parte, los hoteles y resorts con más de quince años de construidos que se reconstruyan o remodelen en más del 50 % de sus instalaciones pueden aprovechar las mismas exenciones impositivas que los proyectos nuevos.

Además, las personas físicas y las empresas podrán deducir de su impuesto sobre la renta hasta un 20 % de las ganancias anuales que inviertan en un proyecto turístico aprobado.

El Consejo de Fomento Turístico (Confotur) es la institución gubernamental encargada de examinar y aprobar las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las disposiciones de la Ley 158-01, así como, en general, de supervisar su cumplimiento.

Una vez Confotur apruebe la solicitud, el inversor que desee beneficiarse de los incentivos establecidos en la ley deberá iniciar las labores del proyecto aprobado, de manera sostenida e ininterrumpida, en un plazo de tres años; de no hacerlo, perderá todos los beneficios de la ley

La Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, modificada por la Ley 257-10, establece el marco legal para promover el desarrollo, producción, distribución y preservación de películas, programas de televisión, videos musicales y otras producciones audiovisuales, así como para incentivar la construcción de estudios cinematográficos y salas de cine. Los incentivos fiscales más importantes previstos en la legislación son:

(a) la exención del pago de los impuestos sobre la transferencia de bienes y servicios (ITBIS),

(b) la exención del pago del impuesto sobre la renta para las empresas que construyan salas de cine o estudios cinematográficos o de grabación; y

(c) un crédito fiscal transferible equivalente al 25% de los gastos hechos por empresas en la República Dominicana en el rodaje de películas, etc., sujeto a ciertos requisitos.

Este crédito fiscal transferible del 25 % está disponible para los gastos incurridos en la República Dominicana que estén directamente relacionados con la preproducción, producción y posproducción de proyectos audiovisuales que califiquen, tales como largometrajes, documentales, series de televisión, miniseries, videos musicales y cortometrajes.

Para calificar, los proyectos deben realizar un gasto mínimo de 500,000 dólares dentro del país. Para aprovechar estos incentivos, los inversores deben obtener la autorización correspondiente de la Dirección General de Cine, institución encargada de la aplicación de la ley.

El DR-CAFTA fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entró en vigor en la República Dominicana el 1 de marzo de 2007. El tratado facilita el comercio y la inversión entre sus estados miembros y estimula la integración regional eliminando aranceles, abriendo mercados, reduciendo las barreras a los servicios y promoviendo la competencia, la protección de los derechos de propiedad intelectual y el avance de la transparencia.

Los países integrantes del acuerdo son los Estados Unidos, la República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estos últimos seis países representan el tercer mayor mercado de exportación para los productos estadounidenses en América Latina, después de México y Brasil.

El DR-CAFTA garantiza de manera permanente a la República Dominicana la posibilidad de exportar libremente la mayor parte de sus productos y servicios a los demás estados miembros.

Entre los servicios liberados de trabas por el DR-CAFTA se encuentran la financiación, los seguros, las inversiones, el turismo, la energía, el transporte, la construcción, los contratos gubernamentales, las telecomunicaciones, la mensajería exprés, el comercio electrónico, el entretenimiento, los servicios profesionales, la informática y servicios relacionados, y los servicios medioambientalistas.

Por otro lado, el DR-CAFTA exige a los Estados miembros que apliquen con rigurosidad las normas laborales y ambientales locales, y que eliminen la corrupción gubernamental; esto así a fin de garantizar la libre competencia y la igualdad de condiciones para todos los miembros. Se mantienen ciertos obstáculos al libre comercio en el tratado.

Cada Estado miembro se ha reservado el derecho de imponer aranceles a la importación de varios productos agrícolas hasta un cierto límite, así como de prohibir la importación de determinadas mercancías.

Por ejemplo, la República Dominicana no permite la entrada al país de ropa usada, de electrodomésticos usados ni de automóviles con más de cinco años. En lo administrativo, el DR-CAFTA es dirigido por la Comisión de Libre Comercio, organismo integrado por representantes de nivel ministerial de las siete partes en el acuerdo.

La Comisión es responsable de supervisar la ejecución del tratado y la resolución de los conflictos que surjan en relación con su interpretación y aplicación.